Dirigentes de organizaciones de comerciantes, abogados y médicos veterinarios advirtieron que las
recientes acciones “animalistas” del Gobierno de la Ciudad de México pueden provocar un incremento en
la venta ilegal y el maltrato de las especies, como consecuencia directa de políticas prohibicionistas, la
improvisación administrativa de los funcionarios públicos, así como por operativos mal preparados.
Las organizaciones coincidieron en que el bienestar de las mascotas y animales de compañía es un objetivo
legítimo y compartido, tal como lo ha expresado la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo,
rechazaron los mecanismos utilizados por funcionarios capitalinos, los cuales —lejos de proteger a los
animales— han criminalizado a comerciantes formales que operan bajo esquemas legales y regulados, así
como a los especialistas que los acompañan.
En declaración conjunta, Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente
Social (MONACOSO A.C.); César Ríos, asesor jurídico de los comerciantes; la doctora Aída Álvarez Salas,
presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C. (COMVEMEX); y Gerardo Cleto
López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, calificaron como falsas las acusaciones de maltrato
animal al interior de los mercados públicos.
Al interior de los mercados públicos, no se realiza la venta ilegal ni el maltrato animal. Por ejemplo, el cierre
de la venta legal en el Mercado Sonora estuvo acompañado de acciones ilegales por parte de funcionarios
de la Alcaldía Venustiano Carranza, enviados por la alcaldesa Evelyn Parra para presionar e intimidar a los
comerciantes, denunció César Ríos, abogado especialista encargado de la defensa legal.
Precisó que ninguna clausura fue motivada por maltrato animal, ya que los locatarios cumplían con los
reglamentos vigentes y contaban con la asesoría de médicos veterinarios. “Las sanciones se aplicaron por
supuestas faltas administrativas, mediante procedimientos irregulares y amenazas para inhibir la defensa
de sus derechos”, afirmó.
Por su parte, Alberto Vargas Lucio señaló que, ante la negativa de las autoridades para dialogar, continuarán
las acciones jurídicas para la legítima defensa de los derechos de los locatarios. Subrayó que la medida
tomada en diciembre pasado, afecta gravemente a comunidades indígenas y rurales de la Ciudad de México
y de entidades como Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México, para quienes la crianza y
comercialización de animales de consumo es una actividad económica fundamental y ellos, tenían al
Mercado Sonora como punto de abastecimiento.
“Estas comunidades tendrán que ser escuchadas, porque se les ha negado el derecho de realizar una
actividad que es parte de “sus usos y costumbres” que además de ser legal, da sustento a sus comunidades,
ya que suministraban productos a restaurantes, fondas y negocios de comida”, remarcó.
LO QUE SE AVECINA EN LA CDMX
Alberto Vargas advirtió que la capital del país se encamina a una auténtica “cacería de brujas” contra los
mercados públicos. La prohibición no solo impacta la venta de perros y gatos, sino también actividades
productivas esenciales como la comercialización de codornices para restaurantes, lombrices para la
agricultura, gallinas de granja, peces, tortugas y otras especies.
El resultado —advirtió— será inmediato y previsible: el crecimiento de la venta clandestina en las
inmediaciones de los mercados, operada por ambulantes tolerados por las propias autoridades.
Adicionalmente a la prohibición de vender animales en mercados públicos, la Dra. Aida Álvarez informó
que el gobierno de Clara Brugada publicó en diciembre pasado, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
el decreto que prohíbe el uso de jaulas y transportadoras para resguardo de animales en locales
comerciales, así como la permanencia de mascotas en los establecimientos, mientras estos estén cerrados.
Esta disposición obliga a todos los comercios que tienen este giro a modificar de manera sustancial sus
protocolos de trabajo.
“Al ordenar el retiro de rejas y jaulas de resguardo, se debe sustituir por un tipo de corral en donde deberán
convivir distintas especies, situación que —advirtió— podría representar un riesgo de agresiones entre los
animales”
.
Otra de las medidas contempla el retiro de las mascotas de los locales durante las noches o en días de
descanso laboral, lo que forzará a los propietarios a contar con espacios alternos de custodia y trasporte
especial diario, incrementando de manera considerable los costos de operación y traslado; “no me imagino
la logística que deberán desarrollar los comerciantes de peces, aves o perros de raza, para llegar todos los
días con sus ejemplares y por la noche retirarlos, como si fuera mercancía de tianguis, comentó la
especialista.
“Además, este decreto -que es muy confuso-, introduce el concepto de “venta por catálogo” el cual es
iniciativa del diputado Jesús Sesma bajo la cual pretende que los animales no estén exhibidos físicamente
y los compradores los conozcan por citas.
La doctora Aida Álvarez lamentó que las propuestas presentadas por especialistas, investigadores y
comerciantes para mejorar el cuidado de las mascotas durante las actividades mercantiles, expuestas en el
foro de bienestar animal hayan sido desechadas. En contraste, señaló que la Jefa de Gobierno únicamente
retomó la iniciativa del legislador Jesús Sesma del Partido Verde, la cual —afirmó— se limita a imponer
prohibiciones y una sobrerregulación al comercio legal de animales de compañía y se convierten en bodrios
administrativos que fomentan la corrupción.