Las organizaciones firmantes respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno de la

República el pasado 22 de febrero, que culminaron con la captura y caída de uno de los criminales

más buscados en México.

Este hecho marca un punto de inflexión en la política de seguridad pública del país y representa

el cierre de una etapa caracterizada por la estrategia fallida de “abrazos y no balazos”, la cual

permitió la expansión y el fortalecimiento de estructuras delictivas que hoy lastiman profundamente

a la sociedad.

Recuperar la paz social requiere de la participación de todos, empezando por quienes tienen

alguna responsabilidad pública ante la defensa y permanencia del estado de derecho.

Como ha sido ampliamente documentado, las organizaciones del crimen organizado no sólo se

han dedicado al trasiego de drogas; han diversificado y sofisticado sus operaciones. Extendieron

sus tentáculos al robo del transporte de mercancías, a la distribución y venta de productos ilícitos,

a la falsificación, así como al cobro sistemático del llamado “derecho de piso” y otras formas de

impuesto criminal. Estas prácticas no sólo distorsionan los mercados, sino que golpean

directamente a las operaciones mercantiles formales, encarecen los productos, inhiben la

inversión y ponen en riesgo miles de fuentes de empleo legales.

En numerosas regiones del país, los grupos criminales han capturado los canales legales de

distribución al menudeo, particularmente en sectores populares donde ejercen control territorial; comerciantes en pequeños empresarios, locatarios de mercados públicos, transportistas,

profesionistas y prestadores de servicios han sido convertidos en rehenes de amenazas, chantajes

y extorsiones que lesionan su patrimonio, su libertad y su dignidad. Esta situación ha generado un

entorno de miedo que debilita el tejido social y erosiona la confianza en las instituciones.

En la ruta hacia la construcción de la paz y un mejor futuro para México, consideramos que la

acción emprendida por el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum no debe

quedar como un hecho aislado o mediático. Debe ser acompañada por una estrategia integral y

sostenida que incluya la unidad, el diálogo y acuerdos entre todos los mexicanos, así como el

fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, el combate frontal a las redes

financieras del crimen, la recuperación de espacios públicos y el impulso decidido al comercio

formal.

Es indispensable desmontar de raíz la estructura criminal antes de que se

produzca el llamado “efecto espora”, mediante el cual estos grupos se fragmentan

y reproducen en nuevas células que realizan acciones más violentas en contra de

las instituciones de seguridad y la población, como ha sido el narcoterrorismo con

contra del transporte o establecimientos mercantiles, lo cual amedrenta a la

población y afecta a todas las actividades productivas y laborales.

Nuestras organizaciones, con representación a nivel nacional hacen un llamado a los

comerciantes en pequeño, empresarios, locatarios de mercados públicos, profesionistas y

prestadores de servicios, así como a todos los ciudadanos de buena voluntad a participar en las

acciones que secunden el saneamiento económico y social que necesita nuestra Patria.

Firman:

Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (MONACOSO A.C.);

César Ríos Sánchez, presidente, Fundación Vida Sana con Calidad AC.; Dra. Aída Álvarez Salas, presidente

del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C. (COMVEMEX); Elvia Ochoa Gaona,

presidente de la Red Social por un México Libre de Adicciones AC; Rafael Ibarra, dirigente de Sinergia por la

Paz; Francisco Nieto León, dirigente del Coordinadora Ciudadana; Gerardo Cleto López Becerra, presidente

de Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC).